San José, Costa Rica. 01 de mayo del 2025 -El Conservador CR- Un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa bajo el título “Ley para el Fortalecimiento del Sistema Antilavado, Reforma a la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo” (Ley No. 7786 del 30 de abril de 1998), expediente 24.746, presentado en noviembre de 2024, pretende imponer controles extremadamente estrictos al sector ganadero. Utiliza como herramienta central un sistema de trazabilidad que el gremio ha rechazado reiteradamente por ser costoso, invasivo y ajeno a la realidad rural.
El proyecto fue rechazado por los legisladores, pero la diputada Pilar Cisneros insiste en presentarlo nuevamente. Este es un modelo de TRAZABILIDAD cubierto por el marco legal del combate al lavado de dinero, identifica a los ganaderos y a las subastas como espacios sospechosos de blanqueo de capitales, bajo el argumento de que algunos compradores utilizan efectivo y, en ocasiones, no se identifica claramente su procedencia. Ante esto, propone fuertes medidas de "debida diligencia" a través de la trazabilidad obligatoria del ganado y de los fondos.
Al incluir a las subastas ganaderas como sujetos obligados dentro del sistema antilavado, se posiciona al productor como sospechoso desde el inicio. El ganadero queda en la obligación de demostrar su inocencia a través de registros burocráticos, lo que vulnera el principio de presunción de inocencia.
¿Cómo afecta este proyecto de ley de llegar a aprobarse?
Coloca a los comerciantes de forma generalizada como delincuentes, estigmatiza a los ganaderos, tratándolos como culpables hasta que demuestren lo contrario. Obliga a las subastas a reportar cualquier transacción que consideren “sospechosa”, lo que convierte a cada participante del comercio en un potencial “lavador de dinero”. Quien no logre justificar cada transacción con documentos exigidos por el sistema de trazabilidad se expone a consecuencias legales graves.
Este enfoque destruye el comercio legítimo en el sector ganadero, porque se sobrepone la desconfianza como norma, burocracia como obstáculo y sospecha como punto de partida. Porque no son las subastas ganaderas las que están siendo mancilladas, sino a los ganaderos de subsistencia que son la mayoría en este país.
Este proyecto asfixia al sector ganadero —y a la agricultura en general— al imponer un modelo de vigilancia estatal constante bajo el pretexto de la "transparencia". Limita el uso del efectivo, afectando la forma tradicional de realizar negocios en zonas rurales.
También abre la puerta al acoso político y fiscal, al permitir que instituciones como el ICD (Instituto contra las Drogas) y la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) investiguen, revisen transacciones y hasta bloqueen cuentas sin orden judicial ni límites claros. Cualquier transacción podría ser etiquetada como sospechosa, lo que convierte al sistema antilavado en una herramienta de persecución selectiva contra productores incómodos o sectores conservadores.
En el fondo, este proyecto refuerza por la vía indirecta la obligatoriedad de la trazabilidad bovina y bufalina como parte del control estatal, dando más poder discrecional a burócratas, porque: ¿Quién decide qué es sospechoso?
Finalmente, el proyecto fue rechazado una vez en la Asamblea Legislativa, pero el gobierno lo volverá a presentar muy pronto, y es que con claridad revela el patrón globalista al criminalizar al productor primario bajo la apariencia de una lucha contra el crimen organizado. El verdadero objetivo del gobierno de Rodrigo Chaves Robles parece ser debilitar al productor nacional, erosionar sus libertades y aumentar el control estatal sobre la producción agropecuaria o lo que queda de ella.
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En la reciente reunión de los "salvadores del planeta", donde el presidente de Costa Rica Carlos Alvarado, sólo fue a hacer el ridículo, nos terminaron de vender, ningún medio nacional ha expuesto la barbarie que es la capitalización de la naturaleza por el globalismo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha atribuido la potestad de interferir en la soberanía de todos sus países miembros para la toma de decisiones en cuanto al manejo interno de la pandemia del COVID -19. Y así lo pretende continuar haciendo, de firmarse un acuerdo internacional donde dirán cuales serán las medidas que tendrán que adoptar cada país frente a futuras pandemias.
Una vez más un gobierno de la República de Costa Rica aprovecha mientras el pueblo está entretenido con el juego mundialista en Catar de la Selección Nacional y le mete al pueblo un golazo.