ANULADO DECRETO QUE PERMITÍA EL REGISTRO DE MEDICAMENTOS SIN PASAR CONTROLES ESTRICTOS

Vacunas no podrán ser suministradas sin estudios rigurosos de seguridad y eficacia según la Sala Constitucional

Por Catalina Vargas H.

San José, Costa Rica. 06 de setiembre del 2024. –El Conservador CR- Para la salud pública costarricense este fallo de la Sala Constitucional es un triunfo, el cual fue emitido mediante el voto N°2024021860, dando con lugar la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Federación de Pacientes de Costa Rica, contra el Decreto Ejecutivo N.º 43950-S denominado: "Requisitos y Procedimiento para la homologación o reconocimiento del Registro Sanitario de Medicamentos otorgado por las autoridades reguladoras miembros del Consejo Internacional de Armonización de requisitos técnicos para productos farmacéuticos de uso humano (ICH)", publicado  en el Diario Oficial La Gaceta No. 122 de 30 de junio de 2022”, el cual pretendía regular la homologación del registro sanitario de medicamentos con base en autorizaciones de agencias internacionales.

El argumento presentado fue basado en que, vulneraba el derecho a la salud, al permitir el registro y la comercialización de medicamentos sin los controles estrictos y necesarios llevados a cabo dentro de nuestro país, sustituyendo, incluso, las evaluaciones técnicas por simples declaraciones juradas de los fabricantes, lo que estaría comprometiendo la seguridad y eficacia de los medicamentos en general. 

El decreto claramente incluía las vacunas, refiriéndose a medicamentos biológicos y medicamentos innovadores que podría incluir a las terapias génicas también mal llamadas vacunas de ARNm. Recordemos que durante la pandemia fueron suministradas a la población en fase III experimental, sin registro sanitario y sin estudios de seguridad y eficacia. Esta es una importante decisión de la Sala Constitucional, ya que podría ser la puerta para que en adelante, no sea permitido que las vacunas vuelvan a ser inoculadas a la población sin tener los requisitos sanitarios necesarios.

Además, la aplicación del decreto iba en contra de la ciencia y la razón, pues pondría en riesgo la salud de las personas. La sentencia de la Sala Constitucional deja en claro que la salud de los ciudadanos no debe verse comprometida, por decisiones apresuradas sin medir la responsabilidad que debe ejercer el Estado sobre la salud de la población. 

A la fecha de vigencia del decreto, la sentencia tendría efectos retroactivos, asegurando que ningún medicamento haya sido registrado bajo las condiciones indicadas en él. En este caso, como en muchos otros, es necesario que el Ministerio de Salud cumpla su papel de garante de la salud pública y constate rigurosamente la seguridad y eficacia de todos los medicamentos.

En vista de que la Sala Constitucional falló contra un Decreto emitido desde la actual Presidencia de la República, es importante agregar que la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, indica en su artículo 33 lo siguiente:

  “Funciones del Poder Ejecutivo: a) Velar porque los bienes y servicios que se vendan y se presten en el mercado, cumplan con las normas de salud, seguridad … y los estándares de calidad.”

Pareciera que el mismo Poder Ejecutivo le pasa por encima a la ley, ante la urgencia de cumplir el objetivo número tres de la Agenda 2030, pretende vacunar a la población y darle medicamentos sin Registro Sanitario, sin estudios de seguridad y eficacia y poner en riesgo la salud de todos, sin que nadie rinda cuentas de los efectos secundarios de tales experimentos.

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