CAMBIO CLIMÁTICO EN DISPUTA EN LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA
San José, Costa Rica. 14 de noviembre del 2025 -El Conservador CR- La Opinión Consultiva N.º 187 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), emitida el 23 de julio de 2025, sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático, ha generado un debate que trasciende lo ambiental. Un documento presentado ante la CIJ por parte de la llamada República Ambulante, encabezada por Ramón Martínez-López, cuestiona la legitimidad de la fuente principal de evidencia científica en procesos judiciales internacionales.
El caso pone sobre la mesa un dilema mayor: ¿puede la ciencia institucionalizada convertirse en dogma político cuando se utiliza como base jurídica global?
El contexto de la Opinión Consultiva
En 2023, la Asamblea General de la ONU solicitó a la CIJ una opinión consultiva sobre las responsabilidades internacionales de los Estados frente al cambio climático. Dos años después, la Corte respondió apoyándose en los informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), considerados la referencia científica más autorizada en la materia.
El documento crítico sostiene que esta dependencia genera un conflicto institucional, porque la ONU pide a su propia Corte que se pronuncie basándose en informes de un órgano también dependiente de la ONU. Para Martínez-López, esto constituye una
“legitimación circular” que compromete la independencia judicial y convierte la ciencia en instrumento de validación política.
Cronología de controversias del IPCC
- 1988: Creación del IPCC por la OMM (Organización Meteorológica Mundial) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
- 2007: Informe AR4 incluye la afirmación errónea de que los glaciares del Himalaya desaparecerían en 2035 (Glaciergate).
- 2010: Auditoría externa del Consejo InterAcademias (IAC) recomienda mayor transparencia y gestión de conflictos de interés.
- 2015: Renuncia de Rajendra Pachauri, presidente del IPCC, tras acusaciones de acoso y conflictos de interés.
- 2023: Publicación del Sexto Informe de Evaluación (AR6), que concluye con alta certeza que el cambio climático es de origen humano.
- 2025: La CIJ utiliza los informes del IPCC como base para su Opinión Consultiva sobre obligaciones estatales.
El documento presentado ante la CIJ recoge testimonios de científicos que han denunciado presiones internas en el IPCC:
- Richard Lindzen (MIT): “El IPCC representa una estructura política, no una científica”.
- Judith Curry (Georgia Tech): “La idea de consenso científico es una construcción política, no científica”.
- Christopher Landsea (NOAA): renunció en 2005 denunciando que sus advertencias sobre huracanes fueron ignoradas.
Estos casos, sumados a episodios como el Glaciergate, alimentan la percepción de que el IPCC no es inmune a errores ni a presiones políticas.
Otros expertos defienden la labor del organismo:
- Valérie Masson-Delmotte, copresidenta de uno de los grupos de trabajo del IPCC: “Los informes son el resultado de miles de estudios revisados por pares y de un proceso de revisión sin precedentes en la ciencia”.
- Saleemul Huq, asesor climático de países vulnerables: “Sin el IPCC, los Estados más pequeños no tendrían una base científica común para exigir justicia climática”.
Para ellos, el IPCC sigue siendo la mejor síntesis disponible del conocimiento científico global, pese a sus imperfecciones.
El dilema jurídico
La CIJ, al basarse en los informes del IPCC, enfrenta un dilema ya que los defensores del cambio climático utilizan al IPCC para garantizar que las decisiones judiciales se apoyen en la mejor ciencia disponible. Asimismo, los críticos dicen que se trata de un caso de “legitimación circular” que compromete la independencia judicial y convierte la ciencia en dogma.
El documento de la República Ambulante va más allá y cuestiona incluso la validez de los tratados climáticos bajo la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, alegando vicios de nulidad por error o violación de normas imperativas (jus cogens).
El debate no gira en torno a si el cambio climático existe, sino a cómo se construye la legitimidad científica y jurídica en torno a él. Todo esto genera un riesgo de politización, que sucede cuando los gobiernos negocian línea por línea los resúmenes del IPCC y la ciencia se filtra por intereses estatales.
Evidentemente, la ONU utiliza a su propia Corte y a su propio panel científico, generando un círculo cerrado de legitimación, evitando el pluralismo científico, donde los críticos sostienen que la ciencia necesita debate y disenso, no consenso forzado.
En conclusión, el documento de la República Ambulante expresa que la ciencia sin crítica se convierte en propaganda y el IPCC no debe ser tratado como fuente incuestionable, además, la CIJ debería reconocer la tensión entre ciencia y política al usar informes del IPCC como base jurídica, siendo el debate el que abra interrogantes sobre la relación entre política, derecho internacional y conocimiento científico en la era de la crisis climática.
En una próxima entrega, les compartiremos el fondo de la denuncia presentada por quien se hace llamar representante del soberano de la República ambulante.
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