Viernes 19 de Agosto del 2022

LA COMISIÓN NACIONAL DE VACUNACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA DEBE SER ELIMINADA

COSTA RICA COMO LABORATORIO PARA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

                                                                                                         

Por Licda. Catalina Vargas Hicken

 28 de mayo, 2022. El Conservador CR.

 La CNVE parece que estuviera blindada legalmente, así lo demuestra la imagen de un extranjero, absolutamente desconocido como es Roberto Arroba Tijerino, quien desde su posición ha puesto al país de rodillas ante la obligatoriedad de la vacuna experimental de COVID-19, las mismas están en proceso de investigación en nivel III. Son muchos los funcionarios públicos y empleados de empresas privadas que han sufrido la persecución por lo emitido por esta comisión, el daño para muchos será irreparable tanto en lo emocional, económico y de salud. Ni que decir de obligar a los niños a tener de forma obligada la vacuna, bajo amenazas, incluso de que los hijos sean arrebatados, por una vacuna pediátrica que está apenas en etapas iniciales.

En reunión de la CNVE, según lo muestra el acta de la sesión extraordinaria LI-2021 del 04 de noviembre del 2021 adjunta, que en esa comisión decidieron aprobar sin información científica previa, la obligatoriedad de la vacuna COVID-19 en niños -sin apoyo real del propio exministro Daniel Salas- permitiendo la inoculación de las vacunas experimentales pediátricas de Pfizer e incluyéndolas dentro del esquema obligatorio de la vacunación infantil. Mostrando la CNVE en su figura de Roberto Arroba Tijerino el poder absoluto en cuanto a decisiones que debían ser analizadas a profundidad en vista de que la vacuna pediátrica del COVID-19 está en fase experimental, (ver detalles aquí).

Es preocupante, que ahora el exministro Salas haya sido nombrado en un puesto superior en la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como director de inmunizaciones, desde donde podría tomar decisiones poco benefactoras para los ciudadanos costarricenses en consecuencia de las pandemias anunciadas.

Pero veamos hasta dónde llega la CNVE y la normativa que los protege,  porque la misma expresa de forma clara que los costarricenses podrán ser utilizados como cobayas de laboratorio, así lo expresa el artículo 8º

- “Calidad e investigación. La Comisión Nacional de Vacunas, en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), promoverá estudios para analizar los problemas del control de enfermedades transmisibles y las alternativas que permitan mejorar la calidad y disponibilidad de productos biológicos, así como favorecer la investigación, las nuevas tecnologías y el desarrollo de los productos biológicos nuevos.

La Comisión colaborará con la OPS para contribuir a consolidar un sistema regional de vacunas. Si es del caso, concurrirá a la Red Regional de Control de Calidad de Vacunas, al programa y a la guía de certificación de productores de vacunas, a cargo de la OPS”.

Es así como el país se comprometió a realizar vacunaciones, incluso forzosas como bien sucede en este momento incluso en niños, por el bien de las mayorías; fue comprometida la dignidad de los ciudadanos, convirtiendo este país en un laboratorio de estudios científicos, lo podemos ver actualmente en la participación del mega estudio de las vacunas COVID-19 con ARN mensajero, siendo esa técnica de uso reciente nada satisfactorio según lo mencionado por el mismo coinventor el Dr. Robert Malone.

En el 2014 como dependencia de la CNVE crearon el Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) como un órgano independiente, multidisciplinario, de carácter ético, técnico y científico, con desconcentración máxima y con personalidad jurídica instrumental, adscrito al Ministerio de Salud, la misma posee comités y  unidades técnicas para la Investigación Biomédica.

En el reglamento a la ley No 9837 de la Reforma a la ley General de Salud No 42293-S refiriéndose al CONIS; dice en el artículo 2, inciso d (ver aquí texto completo)

“Investigación Biomédica en Salud. Actividad diseñada para desarrollar o contribuir al conocimiento generalizable en materia de salud en seres humanos. Puede ser observacional, epidemiológica, o no intervencional o experimental, clínica o intervencional”.

Increíblemente en la misma página del CONIS están las declaraciones de derechos humanos sobre prácticas relacionadas sobre la investigación médica en seres humanos como la Declaración de Helsinky, el Código de Nuremberg y otras declaraciones de Derechos Humanos, derechos que no han sido aplicados en esta pandemia, pero sí han utilizado todos los instrumentos legales existentes para obligar a la población a inyectarse las vacunas experimentales del COVID-19 sin asumir responsabilidades de los efectos adversos que las mismas farmacéuticas han expuesto que pueden suceder.

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), anunció en la figura del que fuera su presidente Román Macaya que participarían de estudios científicos, incluso aumentaron el presupuesto a 3mil millones. Actualmente llevan a cabo un trabajo denominado “Tratamiento de síndrome respiratorio severo agudo relacionado a infección de coronavirus con Klotho”, en este estudio el investigador principal es el propio Macaya Hayes, quien desarrolló la hipótesis de que se podría tratar la infección de coronavirus con una proteína llamada Klotho; en comprensión de lo anterior, podemos entender que el mismo expresidente de la Caja aprobó presupuesto para sus propios estudios. (ver detalles aquí)

En retrospectiva, la CCSS ya posee representantes de casi todos los hospitales del país en los diferentes comités del CONIS. Macaya mencionó que mediante un consentimiento informado tomarán muestras de los pacientes para realizar estudios biomédicos en el futuro. 

Es necesario reconocer que los gobiernos anteriores vendieron la dignidad de los ciudadanos costarricenses para ser parte de estudios científicos, pero es lamentable que aún no hayan brindado el consentimiento informado a las personas como parte fundamental que complete los estudios que se desarrollan con las vacunas del COVID-19, porque los vacunados tienen que reconocer que han sido utilizados como ratones de laboratorio sin previo aviso, siendo la CNVE la que debe velar porque los derechos de los costarricenses sean respetados.

Ante los acontecimientos presentados por la Comisión Nacional de Vacunación, es necesario que los ciudadanos se expresen y exijan que esta Comisión, que se arroga poderes superiores a los mismos Poderes de la República y el Soberano, sea eliminada. 

¡¡¡LOS CIUDADANOS DEBEN DE MANIFESTARSE!!!

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